Reforma para combatir la ocupación ilegal de inmuebles
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Reforma para combatir la ocupación ilegal de inmuebles

Hace unos días, concretamente el 2 de julio de 2018, entraba en vigor la nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) por la Ley 5/2018, de 11 de junio, que intentará reforzar las herramientas, hasta hoy poco eficaces, contra la ocupación ilegal de inmuebles.

Antes de nada, debemos poner sobre el tapete la dura realidad socioeconómica que ha precipitado a numerosas personas y familias a una situación de vulnerabilidad económica y exclusión residencial. También debemos recordar los derechos constitucionales que amparan a todos los españoles en el disfrute de una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE),  así como a la propiedad privada y la prohibición de privarlos de sus bienes y derechos sin causa justa de utilidad pública o interés social  (art. 33 CE).

Sentado lo anterior, a nadie se le escapa que hasta ahora la respuesta de los poderes públicos a los citados preceptos ha sido  a todas luces ineficaz, creando una gran inseguridad jurídica.

Tampoco se le escapa a nadie que, como en todos los órdenes de la vida, siempre hay delincuentes sin escrúpulos dispuestos a beneficiarse de las situaciones vulnerables y confusas. Y me refiero a todas aquellas personas que, sin mediar una situación de necesidad extrema, se esconden tras la alta y necesaria sensibilidad social existente sobre las personas realmente vulnerables, para disfrazar e instalar su negocio y modus vivendi. Hablamos de todas esas prácticas organizadas, lucrativas y de carácter mafioso, que perturban y privan de la posesión a sus legítimos propietarios, y que se han incrementado de forma exponencial a lo largo de los últimos tiempos, auspiciados por la impotencia legal imperante.

En este punto la reforma impulsada por el legislador trata de mejorar el proceso civil en determinados ámbitos y sujetos. A la espera de comprobar si las especialidades introducidas en las instituciones protectoras ya existentes mejoran o no la situación actual, sintetizaremos en esta nota las principales novedades.

La reforma actúa sobre el tradicional interdicto de recobrar la posesión (tutela sumaria de la tenencia o posesión de una cosa o derecho) previsto en el art. 250.4º LEC, posibilitando al demandante la petición de inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento. Asimismo, se posibilita al demandante dirigir la demanda contra los desconocidos ocupantes (lo que, aunque era una práctica admitida en muchos juzgados, se vetaba su posibilidad en otros) y notificarse a quien en concreto se encontrase en el inmueble al tiempo de la notificación. Todo ello con la premisa de acompañar a la demanda el título que funde el derecho a la posesión. Los ocupantes tendrán 5 días desde la notificación para aportar título suficiente que justifique su posesión. De lo contrario, se dictará resolución estimatoria y se ordenará la inmediata entrega de la posesión de la vivienda y el desalojo de los ocupantes que se encontraren en el momento del lanzamiento, sin posibilidad de recurso. La sentencia será ejecutiva de forma inmediata, previa solicitud del demandante, sin necesidad de transcurrir el plazo ordinario de veinte días.

La reforma también pretende proteger la posición de los ocupantes en cuanto a que coordinación de las Administraciones públicas involucradas para garantizar las políticas públicas en materia de vivienda. En la resolución que se acuerde la entrega de la posesión de la vivienda y el desalojo de sus ocupantes se ordenará comunicar tal circunstancia, siempre que consientan los interesados, a los servicios públicos competentes en materia de política social para que, en el plazo de 7 días, puedan adoptar las medidas de protección que en su caso procedan.

En cuanto a los posibles beneficiarios de la reforma, se limita a las (a) personas físicas que sean propietarias o poseedoras legítimas por otro título, (b) entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y (c) entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social. Por lo que en caso de ser personas jurídicas las perjudicadas por la ocupación ilegal de sus propiedades se quedarían fuera de la reforma, lo que nos parece a todas luces un desacierto, pues además de privarse de las ventajas de esta reforma a numerosas personas jurídicas (que no tienen por qué ser entidades bancarias o los mal llamados «fondos buitre», sino una pequeña sociedad con necesidades imperantes de desalojo), podría constituir una suerte de efecto llamada de este tipo de organizaciones delictivas.

Si bien es cierto que la reforma comentada incorpora novedades que, en principio, agilizarán la recuperación de la posesión por sus legítimos titulares, no menos cierto es que muchos de los problemas actuales derivan de la falta de recursos en los órganos jurisdiccionales a la hora de tramitar las demandas, de los que la reforma no se pronuncia. Por lo que habrá que comprobar si con los recursos existentes y los cambios legales operados se produce realmente la agilización de este tipo de procedimientos, lo que desde GLOBALITIS comprobaremos con las demandas que vayamos interponiendo.

NOTA:

Si eres titular (persona física) de un derecho sobre una vivienda que se encuentra ilegalmente ocupada, ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos a recuperar su posesión lo antes posible.

 

 



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